Guía para la prevención de la corrupción en las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha

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Guía para la prevención de la corrupción en las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha

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Guía para la prevención de la corrupción en las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha

Adán Nieto Martínv(coords.)

Beatriz García-Moreno (coords.)

DOI: http://doi.org/10.18239/atena.10.2018

Materia:Prevención de la corrupción



Editorial: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Año de edición: 2018
Número de páginas: 92

Resumen:La actuación de las Administraciones Públicas, que por mandato constitucional, solo debe estar dirigida a servir el interés general, no puede seguir lastrada por la presencia de una percepción social generalizada de corrupción en la esfera de la gestión de los servicios públicos. Es necesario luchar contra el problema de la corrupción desde todos los ámbitos posibles, pero particularmente desde la propias Administraciones Públicas, y no solo desde la manifestación de un compromiso de erradicación de este fenómeno, sino que es necesario que éstas se impliquen de forma real y efectiva en esta lucha mediante la adopción de políticas y medidas dirigidas a establecer, por un lado, un marco de conducta de obligado cumplimiento para todos los actores que intervienen en la gestión y prestación de servicios públicos, y, por otro, a implementar controles preventivos en todas aquellas actuaciones públicas que son más susceptibles y expuestas a posibles corruptelas.

Título:Guía para la prevención de la corrupción en las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha Nº de páginas: 92
Autor: Adán Nieto Martín y Beatriz García-Moreno (coord) Encuadernación: Rústica
Precio sin IVA: Euros Medidas:Alto: Ancho:
Precio con IVA: Euros DOI: http://doi.org/10.18239/atena.10.2018
Editorial: Ediciones de la UCLM Idioma: Español
Año de Publicación: 2018 Materia:Prevención de la corrupción
Formato: Edición digital Colección: Atenea, nº 10

Índice

PARTE PRIMERA:
Medidas organizativas e institucionales
INTRODUCCIÓN. 19 pp.

I. RESPONSABILIDADES. 25 pp.
1. Compromiso político con la prevención de la corrupción.
2. Asignación de responsabilidades.
3. Aprobación del Plan de prevención de la corrupción.
4. Labor de asesoramiento y supervisión de las diputaciones provinciales.
5. Responsables políticos, alta dirección y cargos de libre designación.
6. Controles externos y participación ciudadana.
7. Las empresas públicas y entidades colaboradoras deben estar incluidas
en las medidas de prevención de la corrupción.

II. EVALUACIÓN DE RIESGOS. 31 pp.
1. Importancia de la evaluación de riesgos.
2. Metodología en la evaluación del riesgo.
3. Competencia para realizar el análisis de riesgos.

III. CÓDIGOS DE CONDUCTA O ¿QUÉ ENTENDEMOS POR CORRUPCIÓN?. 35 pp.
1. Los códigos de conducta son útiles.
2. Normas de conducta relacionadas con la corrupción.
3. La elaboración del código de conducta debe ser participativa.
4. Responsabilidad disciplinaria.
5. Necesidad de establecer canales de comunicación.

IV. CANALES DE DENUNCIA. 39 pp.
1. El canal de denuncias es una herramienta necesaria.
2. El canal de denuncias debe ser accesible a empleados y terceros.
3. El canal de denuncias puede ser utilizado en relación a cualquier tipo de
irregularidad.
4. El denunciante no tendrá la obligación de probar los hechos.
5. La regulación del canal debe ser clara y comprehensiva y ampliamente
difundida entre los potenciales denunciantes.
6. La importancia del compromiso de la organización.
7. La comunicación de la denuncia.
8. La identidad del denunciante será confidencial.
9. Necesidad de garantizar protección al denunciante.
10. Necesidad de adecuar la protección al perfil del denunciante.
11. Las garantías del denunciado también son importantes.

V. FORMACIÓN. 49 pp.
1. Sin formación no es posible prevenir la corrupción.
2. La formación debe hacerse de manera práctica.

PARTE SEGUNDA:
Mecanismos de control específicos

I. SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y PROVISIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. 53 pp.
1. Reforzar la imparcialidad de los tribunales de oposiones.
2. Asegurar la formación de los miembros de los tribunales en la
normativa que regula los concursos y oposiciones.
3. Manual de procesos selectivos y creación de un control interno
específico.
4. Declaración jurada de incompatibilidades.
5. Transparencia en la realización de las pruebas.
6. Regulación de los preparadores.
7. Eliminación o drástica reducción de los cargos de libre designación.

II. CONTRATACIÓN PÚBLICA. 61 pp.
1. Facilitar formación específica a los empleados que intervengan
en su tramitación.
2. Creación de servicios especializados.
3. Canales para el intercambio de información y guías de buenas
prácticas.
4. Ampliar la publicidad activa e información contenida en el perfil del
contratante.
5. Aumentar la información a los ciudadanos a través de canales
accesibles (redes sociales, publicaciones institucionales, etc.).
6. Código de buenas prácticas o publicitación de los criterios que se
aplicarán para delimitar el ámbito de aplicación de los convenios y
encomiendas de gestión.
7. Instrucciones o buenas prácticas para fijar la delimitación o el grado de
motivación de las necesidades que pretenden cubrirse y objeto de contrato.
8. Instrucciones o buenas prácticas para delimitar la división en lotes o
motivar la no división.
9. Instrucciones o estudios que faciliten la fijación del precio a fin de
facilitar la efectividad del contrato y evitar modificaciones.
10. Instrucciones o buenas prácticas para delimitar los supuestos y
contenido de las mejoras que se puedan prever en los pliegos.
11. Generalizar las consultas preliminares de mercado.
12. Generalizar el control de la documentación y cumplimiento de los
requisitos.
13. Generalizar la mesa de contratación.
14. Grabación de las sesiones de la mesa de contratación.
15. Criterios que favorezcan el cumplimiento normativo en las empresas.
16. Establecer criterios de adjudicación de contratos menores que
respondan a una mayor publicidad.
17. Instrucciones clarificadoras de los supuestos de aplicación del
procedimiento negociado, particularmente del tramitado sin publicidad,
y restricción de su aplicación.
18. Generalizar la exigencia de adscripción de medios.
19. Generalizar la previsión de penalizaciones.
20. Instrucciones o buenas prácticas para delimitar los supuestos y la
concreción de las modificaciones que se prevean.
21. Instrucciones o buenas prácticas para restringir los supuestos y
alcance de la cesión y subcontratación.
22. Establecer un control centralizado de los contratos a cargo de
empleados públicos especializados y añadido a los restantes controles.
23. Oficina de evaluación autonómica.

III. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS Y AYUDAS. 75 pp.
1. Sujeción voluntaria de cualesquiera organismos o entidades que
otorguen subvenciones con fondos públicos a la normativa en la materia.
2. Fortalecimiento de la figura de los Planes Estratégicos de
Subvenciones.
3. Limitación voluntaria de los ámbitos de discrecionalidad que permite la
normativa.
4. Valoración positiva de los programas de cumplimiento.
5. Adición voluntaria de vías o medios de coordinación entre los diversos
órganos que ejercen funciones de control sobre las subvenciones.
6. Incremento de los niveles de transparencia.
7. Creación efectiva de la Junta Consultiva de Subvenciones.

IV. URBANISMO. 85 pp.
1. Coordinación de las legislaciones.
2. Mayor justificación en la redacción de planeamiento urbanístico.
3. Necesidad de formación básica para Concejales y Alcaldes.
4. Participación pública eficiente.
5. Implantación de una iniciativa urbanística real.

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